Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica



02 de febrero de 2018



● El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano.

● Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano.

Con motivo del día mundial de los humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático.

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón.

Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad.Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura.

Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.

En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales.El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas.

En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas.

Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica.

Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”.

La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría.

Organizaciones firmantes:

AIDA

Causa Natura

Cemda

Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital

Consejo Náyeri

Consejo Regional Wixárika

Fundar

Grupo Ecológico Manglar

Nuiwari

Serapaz

SuMar



Gobernanza, un aspecto clave de la sustentabilidad ¿Qué es la gobernanza? ¿Cómo se incorpora éste en la gestión de los recursos naturales?



Por Ana Harumi Hayashida
20 de octubre de 2017




En el argot de las políticas públicas es común escuchar el término “gobernanza”. Sin embargo, dependiendo de la forma en que se utilice puede aludir a significados diferentes. A finales del s. XX los organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, hacían referencia a ella, como la forma en que se ejerce el poder político, económico y administrativo para dirigir los asuntos de un país y lograr su desarrollo. En un contexto de fin de guerra fría, la preocupación internacional de los donantes versaba en torno a cómo mejorar la administración pública de los países de la ex Unión Soviética y de los países en vías de desarrollo.1

Desde otro punto de vista, la gobernanza adquiere tintes de mayor horizontalidad entre instituciones formales y la sociedad civil. Con las crisis de los modelos de desarrollo de los años 80s y las limitaciones del Estado de atender problemas cada vez más complejos surgieron nuevas formas de coordinación en redes.2 Es decir, actores gubernamentales y no gubernamentales se empezaron a articular para resolver los llamados wicked problems o problemas que por su difícil solución, requerían ser atendidos desde diferentes frentes.

La gestión de los recursos naturales, recaen en este tipo de problemas, pues representan un dilema entre el desarrollo y la conservación. Lo anterior, resulta aún más desafiante si consideramos que en los países de menor desarrollo o con mayor pobreza se encuentra la mayor diversidad biológica del mundo.

En este sentido, la incorporación de la gobernanza en la gestión de los recursos naturales es un aspecto clave. El adecuado aprovechamiento de los recursos naturales implica la gestión compartida entre el Estado y otros actores sociales. Se debe ejercer por medio de marcos constitucionales, leyes y regulación, pero también a través de reglas informales implícitas en las prácticas de uso común en la que participan todos los sectores de la sociedad: el gobierno, la industria, las comunidades, la sociedad civil y el entorno natural.3



En palabras de Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la inauguración de la Semana de la Gobernanza de los Recursos Naturales y de la Infraestructura en noviembre de 2016:

“La gobernanza de los recursos naturales …requiere de un cambio de paradigma y de nuevas coaliciones. Se trata de cambiar la conversación para lograr mejores acuerdos entre empresas, comunidades y la sociedad en su conjunto. Requiere de una visión de largo plazo para transitar hacia un futuro sostenible, con mayor inclusión social e igualdad inter-generacional”. 4

En México, hay experiencias exitosas de gobernanza de recursos naturales, en donde los usuarios de los recursos se han posicionado como agentes clave de cambio. Un ejemplo de ello son las sociedades cooperativas de producción pesquera Cozumel y Pescadores de Vigía Chico. Estas cooperativas implementaron un modelo de co-gestión para la pesca de langosta. Además de acatar las reglas del Estado, cuentan con un sistema de reglas comunitario que controla y administra el acceso y uso del recurso, poniendo énfasis en la conservación. De esta manera, las decisiones sobre el manejo de recursos naturales se toman de manera colectiva, cuidando tanto aspectos ambientales como sociales.5

Esta experiencia nos invita a reflexionar sobre la factibilidad de transitar hacia un enfoque de desarrollo sustentable, en el que no solo el Estado, sino la sociedad en su conjunto es responsable de asegurar un aprovechamiento sostenible en el tiempo para que nuestras futuras generaciones también puedan disfrutar sus beneficios.


Documentos citados:

1. Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 21(5), 795-814.

2. Messner, D. (1999). Del Estado céntrico a la "sociedad de redes". Nuevas exigencias a la coordinación social. En N. Lechner, R. Millán, & F. Valdés, Reforma del Estado y Coordinación Social. México: Plaza y Valdés.

3. Almonte, H., & Sánchez, R. J. (2016). Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

4. Discurso de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva en la inauguración de la Semana de la Gobernanza de los Recursos Naturales y de la Infraestructura. Disponible en: http://www.cepal.org/es/comunicados/
cepal-exhorta-paises-region-construir-vision-comun-la-gobernanza-recursos-naturales

[Consultado: 16 de agosto de 2017].

5. PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012). Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Cozumel y Pescadores de Vigía Chico. Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial. Nueva York, N.Y.



Hacia un Gobierno Abierto en Recursos Naturales



Por José Eduardo Rolón
22 de noviembre de 2017




Un gobierno abierto es parte fundamental de la buena gobernanza pesquera, del agua o los bosques, en la que las decisiones de manejo se tomen con transparencia, participación y rendición de cuentas. Ello tanto en la búsqueda de su conservación como en la generación y distribución de beneficios económicos y sociales de su aprovechamiento.

Durante la actual administración que está en su último año el avance en implementar un gobierno abierto para los recursos naturales está lleno de contrastes. México se posicionó en el año 2016 en el primer lugar de la Clasificación Global del Derecho a la Información1 en materia de mejor legislación en transparencia. En el área legislativa se tienen compromisos bajo la Alianza para el Parlamento Abierto por parte de la Cámara de Senadores y Diputados para hacer su trabajo bajo los principios de transparencia y participación, así como aprobar leyes que fortalezcan el gobierno abierto.2 A nivel internacional, México presidió en el año 2015 la Alianza Mundial Para el Gobierno Abierto, suscribiendo compromisos en esta materia también para el área de recursos naturales.3

Si bien esto ha representado un importante avance en la estructura institucional que puede sustentar este enfoque de gobierno, sus resultados en la práctica han sido hasta el momento limitados. Las instituciones gubernamentales pueden cumplir con los requisitos legales que les marca la legislación en transparencia y aún así ser deficientes en esta materia. Un ejemplo es el caso de la pesca donde si bien la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) cumple con los requisitos legales en el área de transparencia, la Auditoria Superior de la Federación detectó que para el año 2014 no era posible contar con información para evaluar su desempeño, por la mala planeación en programas o en sus indicadores de monitoreo y evaluación.4 Ello indica un problema más de fondo, en cuanto a la planeación misma y los procesos de implementación que vienen aparejados.

En relación al ejercicio de la participación ciudadana por medio de espacios institucionales, se presentan problemas importantes. Para el caso ambiental, se tienen los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que han operado de manera muy limitada en la presente administración o los consejos de pesca y acuacultura para la actividad pesquera, los cuales no funcionan en muchos estados al no estar siquiera instalados. En términos generales para el caso de la pesca existe una falta de inclusión de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura dirigido por CONAPESCA, como en los estatales dominando en todos ellos la presencia de actores gubernamentales y del sector pesquero.

Por otra parte, existen también tendencias hacia la mejora. En la pesca se lleva a cabo actualmente el proceso denominado Barco Abierto,5 donde un grupo plural de ciudadanos provenientes del sector privado, social, académico y civil han impulsado, junto con la Comisión de Pesca del Senado, cambios a los consejos tanto nacional como estatales para hacerlos más abiertos a la participación y más transparentes. Si bien esto se ha topado con la perspectiva de algunos grupos pesqueros opuestos a la inclusión de organizaciones civiles ambientales que son percibidas como radicales. Esperamos que esta posición no prospere y prive la apertura, pues iría en contra de los derechos a la participación y una visión de interés público en el manejo de dichos recursos.

El gobierno federal recientemente emitió a su vez lineamientos generales y guías con las cuales se tiene un piso mínimo para el diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en un gobierno abierto, en parte vinculado a los compromisos asumidos por el país en la Alianza Mundial por el Gobierno Abierto.6 Las reformas a la legislación en transparencia y acceso a la información de los años 2015 y 2016, fuertemente impulsadas por organizaciones civiles, han ampliado también las obligaciones de las agencias del Estado en esta materia. Ello significa que instituciones gubernamentales encargadas de tomar decisiones que afectan a los recursos pesqueros, bosques, agua o al medio ambiente en general tendrán ahora que ajustarse a dicho marco legal. Queda ver qué tanto esto se implementa en la práctica.

Para terminar, se ha visto que gran parte de los cambios dependen mucho de la capacidad de la sociedad civil para empujar que los poderes legislativo y ejecutivo modifiquen las instituciones y que pasen del papel a la implementación con un impacto en nuestra realidad actual. Como sociedad civil debemos seguir impulsando que las reformas para un gobierno abierto permitan atender en la práctica los problemas apremiantes que tenemos en el país: la fuerte desigualdad, marginación, combate a la corrupción y el respeto a la ley, mientras mantenemos nuestros recursos naturales de manera sustentable, un proceso continuo que es además de construcción y fortalecimiento de la democracia en el día a día de las decisiones públicas sobre el manejo de recursos.

Fuentes consultadas:

1. Ver Índice del Derecho a la Información, Expansión, Datosmacro.com, http://www.datosmacro.com/estado/indice-derecho-informacion

2. Alianza Para El Parlamento Abierto, http://www.parlamentoabierto.mx

3. Alianza Para el Gobierno Abierto México en http://gobabiertomx.org

4. Auditoria Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Evaluación de la Política Pública de Pesca y Acuacultura, Auditoría Estudio: 14-0-08100-13-1646, DE-001.

5. Ver barcoabierto.org

6. Ver “LINEAMIENTOS para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” DOF: 11/08/2017; Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, Guía de Gobierno Abierto, Secretaría de la Función Pública.



Índice de Transparencia de la Política Pesquera en Ciencia



Por Ana Harumi Hayashida
20 de octubre de 2017




Es una herramienta que evalúa el grado de transparencia de la información pública en materia de ciencia e investigación pesquera y acuícola de México.

En México la generación de conocimiento como soporte a la administración del uso de los recursos pesqueros ha sido insuficiente e incompleta. El manejo pesquero se ve muchas veces inmerso en problemas como restricción de recursos humanos, financieros y materiales para la elaboración de programas; insuficiencia de estudios para establecer líneas base y conocimiento sobre las especies; falta de información confiable y datos sobre indicadores; carencia de estudios sociales y económicos, o dificultad para recolectar estadísticas pesqueras (Webster y Collins 2005).

Logremos juntos instituciones pesqueras más transparentes.

Sé parte del cambio
● Firma esta petición



Transparencia Legislativa Nuevamente Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado sin sesionar debido a falta de quorum.




Preocupante que en el actual período legislativo la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado no haya podido sesionar. El último intento por realizar una sesión ordinaria fue el pasado 8 de noviembre. Según la lista de asistencia de esa sesión solo dos legisladores estuvieron presentes de una comisión que tiene 7 integrantes de diferentes partidos. El mismo caso se presentó para la anterior convocatoria del 25 de octubre conforme al registro de la lista de asistencia de ese día.

En la agenda de trabajo de dichas sesiones aparecen temas a analizar, y aprobar en su caso, como una reforma a la ley pesquera para la institución del Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, así como para promover el consumo de pescado en la población infantil, además de puntos de acuerdo sobre otros temas.



Iniciativa de Pesca y Acuacultura Sustentable para fortalecer la participación ciudadana



23 de noviembre de 2017




Los que suscriben, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, artículos 164°, numeral 1°; 169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA, al tenor de la siguiente:



¿Por qué es importante la participación en el manejo de los recursos naturales? ¿Quiénes deben participar y quiénes participan en los espacios de participación ciudadana para el manejo de los recursos pesqueros?



Por Ana Harumi Hayashida
01 de diciembre de 2017




La participación ciudadana es considerada un elemento característico de la buena gobernanza. Ya sea por el derecho democrático que tienen las personas de participar en la toma de decisiones, o bien, con el objetivo de alcanzar un determinado fin,1 la participación es un proceso que involucra a individuos, grupos y organizaciones de áreas y ámbitos distintos, en ocasiones con intereses antagónicos.

Quizás por ello, autores como Williamson (1991) vean en los procesos de toma de decisión participativos un costo de oportunidad elevado, pues comunicar y discutir todo entre todos representa un tiempo muy valioso. Desde esa perspectiva, las estructuras jerárquicas, parecieran tener ventaja sobre las horizontales.2

Pero entonces, ¿por qué sería necesaria la participación? El planteamiento de Williamson aplica a las empresas en la esfera de la economía de mercados, sin embargo, cuando hablamos de decisiones que afectan a lo público como el medio ambiente natural o la biodiversidad de nuestros bosques o mares, existen numerosos casos en donde la exclusión de actores locales y de otros grupos sociales interesados, ha conducido a la degradación, agotamiento e incluso a las violaciones de derechos humanos.

Elinor Ostrom (2011), ganadora del premio nobel de economía por su larga trayectoria en el estudio de los recursos de uso común, demostró que, cuando a los usuarios no se les permite comunicarse, existe la tendencia a sobreexplotar los recursos. Para evitar la tragedia de los comunes, como se le denomina a este fenómeno, Ostrom y sus colegas de la Universidad de Indiana propusieron esquemas de cooperación y gobernanza.3

En el caso del manejo de los recursos pesqueros, la participación de distintos actores en la toma de decisiones juega un papel muy importante, pues es necesario abordarlos desde un enfoque ecosistémico que implica compartir conocimiento e información, así como generar y deliberar sobre distintas opciones de manejo para finalmente tomar decisiones.4



En este sentido, en la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se establecen los consejos de pesca y acuacultura, como espacios públicos donde se reúnen representantes del gobierno y de los sectores interesados de la sociedad para dialogar y proponer instrumentos de política con el objetivo de incrementar la competitividad del sector pesquero.

Sin embargo, para contar con espacios de auténtica deliberación, los consejos de pesca debieran estar representados por actores del gobierno, productores, industriales, comercializadores, pero también por la academia y las organizaciones de la sociedad civil con intereses indirectos en la actividad pesquera.

La realidad es que el actual diseño institucional de estos espacios no propicia una participación ciudadana efectiva. Esto se debe, entre otras razones, a que el marco normativo favorece la participación dominante del gobierno, y no propicia la diversidad con la participación de otros actores.

Según las leyes de pesca nacional y estatales, en promedio los consejos de pesca deben estar representados principalmente por actores gubernamentales (61%), y en segundo término por actores con intereses directos (31%) que incluyen a productores, miembros de comités y de los sectores industrial y de comercio. Mientras tanto, actores con intereses indirectos como los expertos invitados, la academia y las OSCs, se consideran en un 8%,5 y en muchas ocasiones solo como invitados.

Aún queda un largo camino por transitar para lograr espacios que garanticen la representatividad en un marco democrático. Hace falta seguir el ejemplo de algunos países de Europa como Noruega y Dinamarca, donde los procesos en el manejo de los recursos pesqueros están siendo cada vez más abiertos y transparentes. En esos países los grupos ambientalistas y las organizaciones de la sociedad civil son incluso miembros de pleno derecho.6

Cuando tengamos un diseño institucional que permita incorporar a todos los sectores interesados en la discusión, quizás entonces podamos hablar de “espacios genuinos de participación ciudadana en la pesca” en México.

Documentos citados:

1. Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation, 141, 2417-2431.

2. Williamson Oliver E. (1991). Mercados y Jerarquías: sus análisis y sus implicaciones antitrust. México: Fondo de Cultura Económica.

3. Ostrom Elinor (2011). El gobierno de los bienes comunes. La Evolución de las Instituciones de Acción Colectiva. México: Fondo de Cultura Económica.

4. Berghöfer, A., Wittmer, H., & Rauschmayer, F. (2008). Stakeholder participation in ecosystem-based approaches to fisheries management: A synthesis from European research projects. Marine Policy, 32, 243-253.

5. Diagnóstico de la participación ciudadana en el manejo pesquero y acuícola de México (2017). Causa Natura.

6. Mikalsen, K., & Jentoft, S. (2008). Participatory practices in fisheries across Europe: Making stakeholders more responsible. Marine Policy (32), 169-177.



Diagnóstico de la Participación Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México



30 de enero de 2018



En el año 2007, con la promulgación de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS)1, se establecieron mecanismos institucionales de participación para la pesca: el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. Estos consejos son un espacio conformado por representantes de diferentes sectores que se reúnen para tratar temas concernientes a las políticas pesqueras y acuícolas.

A 10 años de su implementación, el “Diagnóstico de la Participación Ciudadana en el Manejo Pesquero y Acuícola de México” tiene como objetivo evaluar el estado de la participación ciudadana en el marco del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, espacios nodales para la participación en el sector pesquero desde el ámbito institucional.

Conforme a este objetivo se evalúa su funcionamiento, a partir de los siguientes componentes de participación: i) inclusión de actores, ii) nivel de incidencia, iii) autonomía de los espacios de participación, y iv) transparencia. Para ello se diseñaron indicadores que pudieran medir el estado basal de la participación dentro de los consejos de pesca y acuacultura en el país. Se consideraron dos niveles de análisis: el análisis del marco normativo, es decir, lo que por norma o reglamento se estipula sobre la participación en los consejos, y el análisis del funcionamiento y operación actual de los consejos.



Para el primero se tomaron en cuenta la LGPAS, así como las leyes y reglamentos de los consejos estatales de pesca y acuacultura, mientras que para el segundo se tomó en cuenta la información oficial relativa a su instalación listado de integrantes y participantes, programa y agenda de trabajo y minutas de reuniones, proporcionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los portales de INFOMEX federal y estatales.

Los hallazgos del estudio muestran que los espacios institucionales para la participación ciudadana en materia de pesca y acuacultura en México son mayormente inexistentes o inoperantes. Actualmente, además del Consejo Nacional, solo se encuentran instalados los Consejos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Yucatán. De estos solamente el Consejo de Baja California y en menor medida el Consejo Nacional muestra algún dinamismo en su funcionamiento.





Contenido:
Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales.
Gobernanza, un aspecto clave de la sustentabilidad.
Hacia un Gobierno Abierto en Recursos Naturales.
Índice de Transparencia de la Política Pesquera.
Transparencia Legislativa.
Comisión de Pesca y Acuacultura.
¿Por qué es importante la participación en el...
Diagnóstico de la Participación Ciudadana en el...