¿Por qué es importante la participación en el manejo de los recursos naturales? ¿Quiénes deben participar y quiénes participan en los espacios de participación ciudadana para el manejo de los recursos pesqueros?



Por Ana Harumi Hayashida
01 de diciembre de 2017




La participación ciudadana es considerada un elemento característico de la buena gobernanza. Ya sea por el derecho democrático que tienen las personas de participar en la toma de decisiones, o bien, con el objetivo de alcanzar un determinado fin,1 la participación es un proceso que involucra a individuos, grupos y organizaciones de áreas y ámbitos distintos, en ocasiones con intereses antagónicos.

Quizás por ello, autores como Williamson (1991) vean en los procesos de toma de decisión participativos un costo de oportunidad elevado, pues comunicar y discutir todo entre todos representa un tiempo muy valioso. Desde esa perspectiva, las estructuras jerárquicas, parecieran tener ventaja sobre las horizontales.2

Pero entonces, ¿por qué sería necesaria la participación? El planteamiento de Williamson aplica a las empresas en la esfera de la economía de mercados, sin embargo, cuando hablamos de decisiones que afectan a lo público como el medio ambiente natural o la biodiversidad de nuestros bosques o mares, existen numerosos casos en donde la exclusión de actores locales y de otros grupos sociales interesados, ha conducido a la degradación, agotamiento e incluso a las violaciones de derechos humanos.

Elinor Ostrom (2011), ganadora del premio nobel de economía por su larga trayectoria en el estudio de los recursos de uso común, demostró que, cuando a los usuarios no se les permite comunicarse, existe la tendencia a sobreexplotar los recursos. Para evitar la tragedia de los comunes, como se le denomina a este fenómeno, Ostrom y sus colegas de la Universidad de Indiana propusieron esquemas de cooperación y gobernanza.3

En el caso del manejo de los recursos pesqueros, la participación de distintos actores en la toma de decisiones juega un papel muy importante, pues es necesario abordarlos desde un enfoque ecosistémico que implica compartir conocimiento e información, así como generar y deliberar sobre distintas opciones de manejo para finalmente tomar decisiones.4



En este sentido, en la actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se establecen los consejos de pesca y acuacultura, como espacios públicos donde se reúnen representantes del gobierno y de los sectores interesados de la sociedad para dialogar y proponer instrumentos de política con el objetivo de incrementar la competitividad del sector pesquero.

Sin embargo, para contar con espacios de auténtica deliberación, los consejos de pesca debieran estar representados por actores del gobierno, productores, industriales, comercializadores, pero también por la academia y las organizaciones de la sociedad civil con intereses indirectos en la actividad pesquera.

La realidad es que el actual diseño institucional de estos espacios no propicia una participación ciudadana efectiva. Esto se debe, entre otras razones, a que el marco normativo favorece la participación dominante del gobierno, y no propicia la diversidad con la participación de otros actores.

Según las leyes de pesca nacional y estatales, en promedio los consejos de pesca deben estar representados principalmente por actores gubernamentales (61%), y en segundo término por actores con intereses directos (31%) que incluyen a productores, miembros de comités y de los sectores industrial y de comercio. Mientras tanto, actores con intereses indirectos como los expertos invitados, la academia y las OSCs, se consideran en un 8%,5 y en muchas ocasiones solo como invitados.

Aún queda un largo camino por transitar para lograr espacios que garanticen la representatividad en un marco democrático. Hace falta seguir el ejemplo de algunos países de Europa como Noruega y Dinamarca, donde los procesos en el manejo de los recursos pesqueros están siendo cada vez más abiertos y transparentes. En esos países los grupos ambientalistas y las organizaciones de la sociedad civil son incluso miembros de pleno derecho.6

Cuando tengamos un diseño institucional que permita incorporar a todos los sectores interesados en la discusión, quizás entonces podamos hablar de “espacios genuinos de participación ciudadana en la pesca” en México.

Documentos citados:

1. Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation, 141, 2417-2431.

2. Williamson Oliver E. (1991). Mercados y Jerarquías: sus análisis y sus implicaciones antitrust. México: Fondo de Cultura Económica.

3. Ostrom Elinor (2011). El gobierno de los bienes comunes. La Evolución de las Instituciones de Acción Colectiva. México: Fondo de Cultura Económica.

4. Berghöfer, A., Wittmer, H., & Rauschmayer, F. (2008). Stakeholder participation in ecosystem-based approaches to fisheries management: A synthesis from European research projects. Marine Policy, 32, 243-253.

5. Diagnóstico de la participación ciudadana en el manejo pesquero y acuícola de México (2017). Causa Natura.

6. Mikalsen, K., & Jentoft, S. (2008). Participatory practices in fisheries across Europe: Making stakeholders more responsible. Marine Policy (32), 169-177.





Contenido:
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