Hacia un Gobierno Abierto en Recursos Naturales



Por José Eduardo Rolón
22 de noviembre de 2017




Un gobierno abierto es parte fundamental de la buena gobernanza pesquera, del agua o los bosques, en la que las decisiones de manejo se tomen con transparencia, participación y rendición de cuentas. Ello tanto en la búsqueda de su conservación como en la generación y distribución de beneficios económicos y sociales de su aprovechamiento.

Durante la actual administración que está en su último año el avance en implementar un gobierno abierto para los recursos naturales está lleno de contrastes. México se posicionó en el año 2016 en el primer lugar de la Clasificación Global del Derecho a la Información1 en materia de mejor legislación en transparencia. En el área legislativa se tienen compromisos bajo la Alianza para el Parlamento Abierto por parte de la Cámara de Senadores y Diputados para hacer su trabajo bajo los principios de transparencia y participación, así como aprobar leyes que fortalezcan el gobierno abierto.2 A nivel internacional, México presidió en el año 2015 la Alianza Mundial Para el Gobierno Abierto, suscribiendo compromisos en esta materia también para el área de recursos naturales.3

Si bien esto ha representado un importante avance en la estructura institucional que puede sustentar este enfoque de gobierno, sus resultados en la práctica han sido hasta el momento limitados. Las instituciones gubernamentales pueden cumplir con los requisitos legales que les marca la legislación en transparencia y aún así ser deficientes en esta materia. Un ejemplo es el caso de la pesca donde si bien la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) cumple con los requisitos legales en el área de transparencia, la Auditoria Superior de la Federación detectó que para el año 2014 no era posible contar con información para evaluar su desempeño, por la mala planeación en programas o en sus indicadores de monitoreo y evaluación.4 Ello indica un problema más de fondo, en cuanto a la planeación misma y los procesos de implementación que vienen aparejados.

En relación al ejercicio de la participación ciudadana por medio de espacios institucionales, se presentan problemas importantes. Para el caso ambiental, se tienen los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que han operado de manera muy limitada en la presente administración o los consejos de pesca y acuacultura para la actividad pesquera, los cuales no funcionan en muchos estados al no estar siquiera instalados. En términos generales para el caso de la pesca existe una falta de inclusión de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura dirigido por CONAPESCA, como en los estatales dominando en todos ellos la presencia de actores gubernamentales y del sector pesquero.

Por otra parte, existen también tendencias hacia la mejora. En la pesca se lleva a cabo actualmente el proceso denominado Barco Abierto,5 donde un grupo plural de ciudadanos provenientes del sector privado, social, académico y civil han impulsado, junto con la Comisión de Pesca del Senado, cambios a los consejos tanto nacional como estatales para hacerlos más abiertos a la participación y más transparentes. Si bien esto se ha topado con la perspectiva de algunos grupos pesqueros opuestos a la inclusión de organizaciones civiles ambientales que son percibidas como radicales. Esperamos que esta posición no prospere y prive la apertura, pues iría en contra de los derechos a la participación y una visión de interés público en el manejo de dichos recursos.

El gobierno federal recientemente emitió a su vez lineamientos generales y guías con las cuales se tiene un piso mínimo para el diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en un gobierno abierto, en parte vinculado a los compromisos asumidos por el país en la Alianza Mundial por el Gobierno Abierto.6 Las reformas a la legislación en transparencia y acceso a la información de los años 2015 y 2016, fuertemente impulsadas por organizaciones civiles, han ampliado también las obligaciones de las agencias del Estado en esta materia. Ello significa que instituciones gubernamentales encargadas de tomar decisiones que afectan a los recursos pesqueros, bosques, agua o al medio ambiente en general tendrán ahora que ajustarse a dicho marco legal. Queda ver qué tanto esto se implementa en la práctica.

Para terminar, se ha visto que gran parte de los cambios dependen mucho de la capacidad de la sociedad civil para empujar que los poderes legislativo y ejecutivo modifiquen las instituciones y que pasen del papel a la implementación con un impacto en nuestra realidad actual. Como sociedad civil debemos seguir impulsando que las reformas para un gobierno abierto permitan atender en la práctica los problemas apremiantes que tenemos en el país: la fuerte desigualdad, marginación, combate a la corrupción y el respeto a la ley, mientras mantenemos nuestros recursos naturales de manera sustentable, un proceso continuo que es además de construcción y fortalecimiento de la democracia en el día a día de las decisiones públicas sobre el manejo de recursos.

Fuentes consultadas:

1. Ver Índice del Derecho a la Información, Expansión, Datosmacro.com, http://www.datosmacro.com/estado/indice-derecho-informacion

2. Alianza Para El Parlamento Abierto, http://www.parlamentoabierto.mx

3. Alianza Para el Gobierno Abierto México en http://gobabiertomx.org

4. Auditoria Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Evaluación de la Política Pública de Pesca y Acuacultura, Auditoría Estudio: 14-0-08100-13-1646, DE-001.

5. Ver barcoabierto.org

6. Ver “LINEAMIENTOS para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” DOF: 11/08/2017; Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, Guía de Gobierno Abierto, Secretaría de la Función Pública.





Contenido:
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